Cuando era niño escuchaba a hurtadillas las conversaciones veraniegas de mis mayores, sentados ellos, muy relajados, en el muelle de la bahía, como Ottis Reding pero en sillas de mimbre. Me asombraba que allí, en aquel Port-Maó de eterna posguerra en que nadie osaba hablar en público del Invicto como no fuera para loarlo con fervor (ahora mismo recuerdo su visita de aquellos años y la imagen que me quedó grabada: los tejados repletos de guardias civiles con metralleta), saltasen a la palestra con notable desparpajo nombres míticos como Eisenhower, Kruschef o Harold Mc Millan.
Uno de aquellos fosquets en que yo fingía jugar a taps (unas supuestas carreras ciclistas con chapas de Anquetil, Poulidor y Bahamontes), escuché una frase que me impresionó (estoy tratando de no usar el traumático “impactó” o el cursi “fascinó) y que nunca he olvidado:
-En este país o quemamos iglesias o nos bañamos en agua bendita.
Afortunadamente no pasaba por allí ningún comisario político espontáneo, especie abundante en aquellos tiempos, porque la última parte de la frase era notoriamente incorrecta por no decir subversiva, si tenemos en cuenta el momento histórico, muy proclive al agua bendita, a las mujeres con velo, a los palios y a los desfiles de curas y militares entre flores a María e himnos marciales.
El estentóreo dictamen me viene una y otra vez a la memoria cuando observo el devenir de este país de países en su crónica incapacidad de debatir con rigor y templanza cualquier asunto peliagudo que salte a la palestra. Como el del juez Garzón sin ir más lejos, o el de la non nata sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, sobre los que planean las dagas o, en su defecto, los eslóganes de las respectivas sectas, pero escasas reflexiones.
En el primero de ellos, por poco que uno trate de sobrevolar los vientos racheados, se podría abrir un interesante debate jurídico-político sobre la preeminencia o no de las leyes estatales (la nuestra de Amnistía) sobre resoluciones internacionales que hablan de la imprescriptibilidad de determinados delitos (genocidio, etcétera). En lugar de ello, los medios españoles, incluidos los serios (pocos, oremus) se enzarzan en una guerra de trincheras absolutamente indigerible. En un país no desmesurado (con auténtica tradición democrática) posiblemente el asunto se hubiera solucionado con una advertencia al juez sobre sus discutibles maniobras procesales, pero aquí no nos andamos con chiquitas, se activa el adn cainita y se acusa al magistrado nada menos que de lo peor que se puede culpar a un juez, la prevaricación, entre enfervorizadas ovaciones de unos y rasgamientos de vestiduras de otros. Todo muy valleinclanesco.
En el asunto de la sentencia del Tribunal Constitucional, tres cuartos de lo mismo. La controversia es políticamente interesantísima, nada menos que la paradoja de que una ley aprobada en Cortes y refrendada por la ciudadanía (escasa pero igualmente válida), pueda ser sustancialmente revocada por un tribunal de notables (sin entrar en la impúdica manipulación política de la que ha sido objeto), situación que podría dar paso a un riquísimo debate político de no ser por la ancestral costumbre hispana de enrocarse en posturas numantinas, las de la radicalidad democrática de quienes anteponen la voluntad popular a la legislación y las de quienes, desde una berroqueña idea de España, son capaces de retorcer tribunales y leyes con tal de que no se mueva un ápice de la sagrada unidad / uniformidad etcétera.
Llegado a este punto, compruebo que no he dicho una palabra de los ínclitos representantes de la soberanía popular y que ha sido por pereza: uno está del “y tú más” y de teorías conspirativas (la última, la de Camps y sus trajes incorruptos), hasta la calva. Ideas, pocas y tarde en los que gobiernan, y el “no a todo” de los otros, incluso cuando se hace lo que ellos preconizaban dos días antes…En fin, ¿por qué se irían los británicos de nuestra isla?
